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El futuro energético

01/03/2010


En su intervención ante la Hermandad de Electricistas de Lanham, en Maryland, a las afueras de Washington, apostó por vez primera, sin ambigüedad alguna, a favor del regreso de la nuclear a la cesta de las tecnologías energéticas disponibles para las centrales eléctricas del país.

El cambio en este capítulo de la acción pública es de relieve, ya que si bien Obama nunca se había mostrado contrario a este tipo de energías, tampoco lo había hecho con claridad a favor, centrado como estaba, por convicción y por razones electorales, en promover las energías renovables. Ahora se pretende integrar el máximo de capacidad energética interna, intentando reforzar la soberanía energética nacional, una justificada obsesión de los Gobiernos norteamericanos desde Nixon. Nadie como el gran empresario tejano T. Boone Pickens, ha sabido explicar mejor las necesidades energéticas del país y sus posibles soluciones. Nuevos tiempos, pues, para el modelo energético norteamericano. Back to the future.
En este sentido, Obama aseguró que el Gobierno Federal ofrecería garantías superiores a 8.000 millones de dólares, dentro de un paquete general de más de cincuenta mil, para que pueda acometerse la construcción de dos nuevas plantas nucleares en Burke County, en el Estado de Georgia. Después de esta manifestación, el proceso administrativo deberá completarse con la intervención, aprobatoria o denegatoria, de la Nuclear Regulatory Commission, equivalente a nuestro Consejo de Seguridad Nuclear, aunque con más fa+cultades decisorias.
«Se trata sólo del primer paso», no dudó en afirmar Obama al anunciar este apoyo al programa nuclear. De esta forma ha situado a la energía en el centro de un triángulo, cuyos lados serían la economía, la seguridad y la cuestión medioambiental ligada a la lucha contra el cambio climático. Debe recordarse la contribución de la energía, al no producir emisiones de efecto invernadero. Además ha subrayado que este último tema no puede dejarse a una disputa entre medioambientalistas y empresarios, que empuja a la sociedad a posicionarse a uno de los dos lados. Y ha extendido la política de consenso «bipartisan», acordando la creación de un Grupo de Expertos que deberá seguir avanzando en el análisis y soluciones sobre los residuos nucleares, su tratamiento y almacenamiento. En España no estamos, al parecer, en disposición de alcanzar grandes pactos. Tal vez porque el primero debería ser el de acordar la convocatoria en los próximos meses de elecciones generales, y que los grandes partidos respetaran un consenso básico en asuntos, como la energía, cualquiera que fuera la fuerza política que alcanzara la victoria. Ello reforzaría la legitimidad de origen y ejercicio de los tan traídos y llevados pactos.
La energía es una de esas grandes cuestiones de Estado, que exige un acuerdo de base alejado de la rivalidad política. Pactos, al menos sobre ciertas condiciones del libre ejercicio de las actividades energéticas y sobre la seguridad de los aprovisionamientos, que garantice la viabilidad del sistema a corto, medio y largo plazo. Viabilidad que exige atender determinados presupuestos. El más tradicional al sector hace referencia a los aspectos técnicos, a la denominada garantía y calidad del suministro, que exige disponer de una red de infraestructuras de transporte y distribución adecuadas, y un mix energético que limite la dependencia internacional. El más novedoso se centra en el medio ambiente, dado que el sistema energético debe minimizar el impacto ambiental y las emisiones de CO2. Y, el último, es el económico que obliga a asegurar la suficiencia tarifaria del modelo energético en un mercado cada vez más abierto y competitivo. De estos tres presupuestos, España ha priorizado en los últimos años el ambiental, impulsando las energías renovables, de tal forma que el pasado año se convirtió en la fuerza principal de nuestro mix de generación, facilitando así la reducción de nuestra dependencia exterior. Pero no debemos olvidar que cualquier sistema energético sólo es sostenible si es capaz de armonizar sus presupuestos de viabilidad de forma equilibrada. Por ello, de la gestión actual deben valorarse positivamente iniciativas como la promoción del vehículo eléctrico -que integra varias políticas (transporte, energía, medio ambiente, industrial)-; o el fomento del ahorro y la eficiencia energética. O la vinculación de la tarifa de último recurso a la evolución del mercado. Sin embargo, se sigue una política errática en materia de regulación de energías renovables, con primas acordeón que se comprimen y expanden a voluntad del legislador, sin seguridad jurídica ni predictibilidad suficiente. Asimismo, el expediente de las ayudas al carbón distorsiona gravemente el sufrido mercado eléctrico, y reabre el déficit tarifario, cuando empezaba a solucionarse.
Por otra parte, no debe olvidarse que una de las novedades del recién adoptado Tratado de Lisboa es el establecimiento de una nueva política común de la energía. Política que se apoya en dos objetivos: el funcionamiento del mercado interior, y la preservación del medio ambiente. Además, se incorpora una «cláusula de solidaridad» que apoya a este espíritu a la hora de abordar negociaciones sobre el aprovisionamiento de terceros países, o acometer los mencionados objetivos. Y ahí aparecen las futuras negociaciones con Rusia (de la que la UE es dependiente en más de un 30% de petróleo; 40% de gas y 25% de carbón) y Argelia, con su potencial de hidrocarburos.
El Gobierno debería tener en cuenta estos factores, desde su posición de Presidente de turno de la UE, ya que tiene la responsabilidad, además de gestionar el difícil post Copenhague y de presentar un Plan de Acción Energética 2010-2014 para Europa. Un Plan que aborde los grandes temas del sector: mercado interior y mix de generación; seguridad de abastecimiento; suficiencia tarifaria; energías renovables; ahorro y eficiencia, y tecnologías de la energía. Casi nada.

Fuente:

ABC

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