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Facturas pendientes en el sector energético

05/01/2009


Si hay un término que puede definir la situación del sector energético en el año que comienza, tanto desde el punto de vista corporativo como regulatorio, es el de empantanamiento. Aunque esto no es una novedad en un mundo casi siempre convulso, en este caso, existen algunas peculiaridades, como son los cambios accionariales que se están produciendo con distintos encajes en las grandes empresas energéticas.

Tal es el caso de Endesa, cuyos dos grandes accionistas (Enel, con el 67%, y Acciona, con un 25%) han llegado a un principio de acuerdo para una ruptura amistosa, según la cual, la italiana pagará a su socio español unos 11.000 millones de euros por su paquete. Este es el precio que establece el pacto parasocial sellado por las dos empresas tras desembarcar en la eléctrica en el caso de una ruptura a partir de marzo de 2010.
Si el divorcio amistoso cuajara, Acciona borraría de su balance la deuda de 8.800 millones que contrajo para comprar su participación en la eléctrica. Una buena operación financiera dados los tiempos que corren. Por su parte, Enel pondría fin a un matrimonio de conveniencia (hay quien considera que la opa de Endesa no acabará hasta que no se deshaga) y tendría las manos libres para gestionar su filial española.
Si la ruptura se sustancia, la italiana deberá tomar decisiones cruciales que marcarán el año de Endesa. Enel deberá decidir sobre el equipo directivo; la estructura de su filial española; sus inversiones, ahora en parte paralizadas, y si procede o no a una fusión con la matriz. Rumores internos de la eléctrica apuntan a la continuidad del consejero delegado, Rafael Miranda, con lo que éste habría sobrevivido a cinco presidentes de la eléctrica y tres opas cargadas de tintes políticos. En cualquier caso, no parece probable que Miranda mantenga funciones ejecutivas en el caso de que Enel se haga dueña y señora de Endesa.
También en vías de concentración accionarial se encuentra Unión Fenosa en el nuevo año. La eléctrica está pendiente de la opa que por el 100% de su capital debe formular Gas Natural tras el acuerdo sellado con ACS el pasado verano para adquirir el 45% que tiene la constructora en Fenosa. A partir de esta semana se espera la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre una operación a la que la Comisión de la Energía no considera que se deba imponer condición alguna de desinversión.
Una vez conocida la decisión de la CNC hay un plazo de dos semanas para que se formalice la autorización, momento a partir del cual ACS puede vender el resto de su participación a Gas Natural, que también ejecutará los derivados por el 5% que la CAM tiene en Fenosa. Estas participaciones, unidas a otro 5% adquirido a Caixanova, proporcionarán a la gasística más del 55% de la eléctrica antes incluso de que formule la oferta pública a un precio de 18,03 euros por acción. Durante el proceso de opa y hasta el final de la misma, que podría cerrase en primavera, Gas Natural sólo podrá ejercer un 30% de derechos de voto en la eléctrica.
Por el momento, 14 competidores e instituciones interesadas han presentado alegaciones ante la autoridad de la competencia, a petición de ésta. Iberdrola ha solicitado prórrogas con la intención de alargar el proceso de autorización administrativa, algo que ya hizo en el trámite de la CNE.
Todo apunta, y así lo reconocen fuentes próximas a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, a que ésta 'quiere dilatar el proceso para evitar que ACS cuente con liquidez para reforzarse en el capital de Iberdrola'. Y es que el presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reiterado (la última vez durante la presentación de los resultados del tercer trimestre) el interés de la constructora por aumentar su participación en Iberdrola (en la que ya cuenta con un 12,6% del capital) hasta, al menos, el 20%. Pero no sólo eso, Pérez ha ido más allá al expresar públicamente su deseo de 'participar el desarrollo de Iberdrola' solo o en compañía de otros accionistas.
Iberdrola ha logrado librarse del fantasma de EDF, el grupo público francés que hace ahora un año hizo una pequeña incursión en el capital de la eléctrica española con miras más amplias que, finalmente, se frustraron. Ahora intenta conjurar la sombra de ACS blindando aún más su consejo a la posible entrada de la constructora, que hasta ahora la tenía vetada legalmente por controlar el capital de una competidora, Fenosa.
Otra operación empantanada y con visos de no prosperar es la entrada de Lukoil en Repsol. Al revuelo político por la entrada de una empresa rusa en la petrolera española, con la compra de casi un 30% del capital (el 20% de Sacyr y una parte del que tiene La Caixa) que después se redujo sólo al paquete de la constructora, le siguieron unas negociaciones de inverosímil éxito. Sacyr solicita al grupo ruso el precio que ella pagó por Repsol (casi 26,7 euros por acción, frente a los 15,8 euros a que cotizó el viernes) y aquél sólo está dispuesto a pagar 22 euros por título. Y eso con suerte pues, como suele ocurrir, el tiempo juega en contra de este tipo de operaciones. Las opciones que el mercado baraja frente al fracaso ruso son una renegociación de la deuda de Sacyr con sus bancos acreedores o que estos capitalicen dicha deuda entrando en Repsol de manera transitoria.
Al margen de los movimientos corporativos que podrían cuajar este año, en el ámbito regulatorio queda pendiente la gran asignatura del déficit de tarifa. El año ha comenzado con el incumplimiento de palabra del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que amenazó en diciembre con no subir la tarifa eléctrica si no había un pacto con el sector eléctrico para acabar con un déficit, que supera los 16.000 millones. Sin acuerdo alguno y con las tarifas un 3,6% más caras, el titular de Industria escurrió su responsabilidad informando la semana pasada de 'un acuerdo global' con las empresas.
Eso sí, un acuerdo sin contenido que sólo hace referencia, según el ministerio, 'a la necesidad de acabar con una figura' como el déficit, que distorsiona el mercado.

Fuente:

El Pais

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