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El kilovatio costará hasta ocho veces más a los que más consuman

13/12/2012


El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha creado un nuevo mecanismo de progresividad para los que sobrepasen ciertos límites mensuales. Empezará a aplicarse el próximo 1 de enero con el objetivo "incentivar el consumo responsable". Con esta medida el Gobierno espera recaudar unos 280 millones de euros en 2013.

Los usuarios acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), son unos 20 millones de hogares y pymes. Los que cuentan con consumos superiores a la medida serán los más penalizados, en los que el precio del kilovatio hora puede multiplicarse hasta por ocho. los grandes consumidores de energía, en cambio, quedan exentos de los nuevos recargos, que oscilan entre los 0,00138 y los 0,01546 euros por kilovatio hora.

Los peajes de acceso quedan congelados a precios de abril y el Gobierno asegura que "no se prevén alteraciones sobre el IPC y por tanto sobre la competitividad de la economía española, ni impacto negativos sobre el conjunto de la actividad económica".

La TUR, que se revisa trimestralmente, resulta de la suma de dos componentes: los peajes —que retribuyen los costes regulados del sector y que fija el Gobierno—, y el precio de la energía que resulta de las subastas denominadas Cesur. Pueden acogerse a esta tarifa únicamente los usuarios con potencias contratadas inferiores o iguales a los 10 kilovatios.

Déficit de tarifa

El titular del departamento, José Manuel Soria, ha reconocido este jueves que el déficit de tarifa de 2012 se situará en 1.951 millones de euros, después de la imposibilidad de cargar los extracostes de la actividad eléctrica de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares sobre los Presupuestos Generales del Estado. Tras esta subida, el desfase acumulado se sitúa en 29.000 millones de euros en 2012, aunque el Gobierno se comprometió a que en 2013 no existiera diferencia entre la diferencia entre los ingresos regulados y los costes reconocidos para las eléctricas.

Esta cifra supera en 451 millones de euros el tope legal, aunque el dato del pasado mes de agosto ya se situaba por encima de este techo.

Para lograr su meta el año que viene, Industria confía en que los extracostes extrapenisulares se carguen a los presupuestos generales del Estado y así ingresar 450 millones con las subastas de CO2, además de unos 3.000 millones con la nueva fiscalidad eléctrica y otros 2.270 millones en concepto de unos "ingresos extraordinarios", aunque no haya especificado cómo.

Fuente:

El País

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