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Las últimas medidas del Gobierno profundizan el cisma entre las grandes eléctricas y las renovables

11/02/2013


El sector renovable amenaza con ir al Tribunal Supremo para "reclamar el daño patrimonial causado"


Las empresas renovables han declarado la guerra al Ministerio de Industria y Energía, a su ministro José Manuel Soria, y a las grandes eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Se veía venir y así ha sido: las renovables ha agrandado el cisma existente en todo el sector eléctrico tras el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 1. Las principales asociaciones de las renovables que engloban a las termosolares, eólicas, fotovoltaicas y biomasa han hecho esta vez causa común para arremeter, primero, contra Industria, a quien acusan de quitarles de un plumazo 500 millones de euros en su sistema de retribución y, segundo, contra las eléctricas tradicionales, a las que, según sus estimaciones, el Ministerio les ha premiado con unos ingresos superiores a los 1.000 millones de euros. "Estamos dispuestos a ir al Tribunal Supremo para reclamar el daño patrimonial causado", advierten. La asociación patronal Unesa, que conforman las cinco grandes empresas del sector reaccionaron este viernes negándo las acusaciones de las renovables.

"Con las medidas anunciadas el pasado día 1 de febrero- afirma Unesa- se toman medidas que afectan a todos los costes regulados en general y, además, se racionaliza el acceso, o bien a tarifa, o bien a mercado sin prima, evitando un arbitraje que penaliza a la tarifa y, por tanto, a los consumidores. Este Real Decreto Ley hace que no solo las "tecnologías tradicionales" tengan que soportar la imprescindible reducción del déficit de tarifa".

El enfrentamiento entre renovables y eléctricas había estado hibernando hasta ahora con simples cruces de acusaciones de las primeras contra las segundas de recibir un trato de favor en el déficit eléctrico y, al contrario, de las eléctricas contra las renovables acusándolas de ‘caza primas'. Pero el Real Decreto-ley 2/2013 ha abierto la caja de los truenos y amenaza con un conflicto entre ambas partes que Soria tendrá que resolver.

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, acusó al Gobierno de estar ignorando todo lo que el sector está aportando y, en cambio, ven una actitud totalmente diferente con las energías tradicionales. Villarig lanzó frases como "Soria difama al sector de forma constante. Confunde las primas que se dan al régimen especial (eléctricas) con las que se dan a las renovables". "El dinero que nos está quitando a nosotros se lo está dando al transporte y a la distribución". "Hay una excesiva retribución a la generación hidráulica y a la nuclear". "El problema de sobrecapacidad viene por las centrales de ciclo combinado".

En toda esta retahíla de acusaciones, la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, también recibió su ataque correspondiente al decir Villarig que "son falsos los argumentos que utiliza la vicepresidenta para afirmar que con el Real Decreto aprobado se evita así subir el precio de la luz".

Las compañías eléctricas ni la patronal Unesa han querido salir al paso de las acusaciones lanzadas por las renovables aunque algunas fuentes han admitido que las renovables no tienen razón, ya que consideran que lo aprobado en el Consejo de Ministros del día 1 les afecta también a ellas. En este sentido, aseguran que lo que el Gobierno autorizó es un recorte a todas las actividades eléctricas reguladas. Por eso, abundan en la idea de que las nuevas medidas que obligan actualizar la tarifa regulada en función de la inflación subyacente -descontando los precios energéticos y los alimentos sin elaborar- también les afecta a las empresas eléctricas.

Además, tanto Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, entienden que también se sienten afectadas por el lado del tratamiento que reciben las renovables, ya que en su conjunto tienen instalada mucha más capacidad de generación que el resto. En generación eólica, Iberdrola, por ejemplo, está muy por delante -con unos 6.000 megavatios de potencia instalada solo en España-, de su principal competidor Acciona.

En este sentido, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha arremetido en más de un ocasión contra este sector, concretamente contra la ‘burbuja' de las termosolares a quienes acusa de llevarse gran parte del ‘pastel' de las primas que se entregan al sistema. Este sector, el termosolar, se piensa que cuando empezó a invertir a saco estaba aún muy inmaduro como para acometer tantos proyectos y, en cambio, aportar poca generación eléctrica al sistema.

Iberdrola, en Londres

Sánchez Galán presentará el próximo día 14 los resultados de la Iberdrola en Londres, y será cuando se pronuncie sobre las últimas medidas aprobadas por el Gobierno. Fuentes consultadas han admitido que se están haciendo números pero que no tienen aún una postura oficial. Endesa y Gas Natural Fenosa están en la misma tesitura y no disponen aún de cifras concretas.

El sector de las renovables insiste, por su parte, en que desde hace tiempo está sufriendo "una campaña de acoso y derribo" mediante modificaciones legislativas como: limitación horaria a las plantas existentes, moratoria y establecimiento de nuevos impuestos. Por toda esta serie de tropelías que se han ido implementando en los últimos años a través de varios Reales Decretos, han anunciado que recurrirán ante todos los organismos nacionales y europeos. "El sector se siente engañado y estafado por el Gobierno de España. Emprenderemos todas las medidas legales para defendernos", aseguran.

De igual forma, acusan al ministro Soria de "difamar a un sector que debe ser un pilar básico para la recuperación económica de nuestro país. La confusión interesada entre régimen especial y renovables, la extrapolación de costes a diez años sin mencionar ni uno solo de los beneficios, como la creación de empleo, o el reiterado interés en culpabilizar a las renovables del déficit tarifario, constituyen formas claras de manipular a la opinión pública en contra del sector".

Recuerdan también que Alemania ha cuestionado en más de una ocasión las subvenciones que tienen en España las centrales hidráulicas y las nucleares, que llevan recibiendo ayudas toda la vida, estando amortizada ya su inversión.

NOTA DE UNESA



Ante las declaraciones que ayer jueves hicieron las cuatro principales organizaciones representativas del sector de la energía solar en torno a las medidas adoptadas por el Gobierno, la asociación de las cinco grandes empresas englobadas en UNESA hicieron público el viernes un comunciado, en el que afirman:

"En primer lugar, las citadas organizaciones aseguran que el déficit de tarifa no es más que "un problema puntual, que se ha generado en pocos años". El déficit de tarifa es uno de los principales problemas que tiene la economía española. Es una deuda contraída por los consumidores españoles que, a día de hoy, asciende a 30.000 millones de euros y que empezó a acumularse hace ya más de diez años. Hasta ahora, los únicos que han financiado esa deuda, cargándola sobre sus propios balances, han sido las empresas de UNESA; cuando es preciso recordar, una vez más, que dicha deuda se genera principalmente por las primas que cobran las energías solares a través de la factura eléctrica, que en 2012 alcanzaron casi 8.500 M€.

Por otro lado, debe recordarse que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa habían repercutido principalmente sobre las compañías asociadas en UNESA.

El Real Decreto Ley 13/2012 de 30 de marzo ya supuso un recorte de la actividad de distribución (a pesar del enorme esfuerzo inversor desarrollado en esta actividad en los últimos años), de los pagos por capacidad, a las centrales obligadas a quemar carbón nacional y a la generación extrapeninsular de cerca de 1.000 millones de euros.

Por su parte, el Real Decreto Ley 20/2012 redujo 100 millones de euros adicionales por varios conceptos a las mismas compañías.

Además, la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética estableció una serie de tasas a la generación eléctrica en las que las tecnologías "tradicionales" son doblemente gravadas. Esto, junto al resto de medidas adoptadas, supone un impacto económico anual para las empresas de alrededor de 3.200 millones de euros.

Con las medidas anunciadas el pasado día 1 de febrero, se toman medidas que afectan a todos los costes regulados en general y, además, se racionaliza el acceso, o bien a tarifa, o bien a mercado sin prima, evitando un arbitraje que penaliza a la tarifa y, por tanto, a los consumidores. Este Real Decreto Ley hace que no solo las "tecnologías tradicionales" tengan que soportar la imprescindible reducción del déficit de tarifa.

Llama poderosamente la atención la reacción absolutamente desproporcionada de las asociaciones solares, principales causantes del déficit de tarifa, al ver modificados los mecanismos por los que se les actualizan sus cuantiosas primas, en una situación límite para la economía española.

Merece la pena recordar que el Tribunal Supremo, en diferentes sentencias, ha avalado la necesidad de que las subvenciones que reciben estas energías, como cualquier otra actividad regulada, se adecúen a las circunstancias de la economía que concede dichas subvenciones. A pesar de lo cual, las tarifas que perciben estas instalaciones aún no se han visto modificadas. De igual modo, las compañías que actúan en el libre mercado están sometidas a las vicisitudes del mismo."

http://www.capitalmadrid.com/2013/2/8/0000028584/las_ultimas_medidas_del_gobierno_profundizan_el_cisma_entre_las_grandes_electricas_y_las_renovables.html

Fuente:

CapitalMadrid.com

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