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El Constitucional obliga a las eléctricas a compensar por cortes en el suministro

15/02/2013


El Tribunal Constitucional (TC) vuelve a dar la razón a la Junta frente al Gobierno central. El último Ejecutivo del Aznar llevó su rechazo a varias leyes extremeñas aprobadas por Ibarra más allá de la crítica verbal.

Acudió en varias ocasiones al alto tribunal para frenarlas pero, al igual que ha sucedido con el impuesto bancario, ha vuelto a perder un recurso. El último, el que interpuso contra la ley de calidad del suministro eléctrico, que se ha estado ejecutando desde 2002. Ahora, con su sentencia, el TC la refrenda casi en su totalidad. Avala dos de los tres artículos recurridos, los más relevantes, al certificar que las eléctricas deben rebajar la factura que cursen a sus clientes en caso de un mal servicio, concepto en el que se incluyen cortes reiterados y prolongados en el suministro.
La ley extremeña de la calidad del suministro eléctrico fue aprobada en abril del 2002. Aznar la recurrió en julio. La normativa recogía, entre otros aspectos, que las compañías paguen una multa cuando los cortes de luz sean continuados y afecten de modo grave a las poblaciones y que los clientes fueran compensados a través de una bajada del coste de sus facturas.
A mediados de 2005 se conoció que las compañías habían devuelto a sus clientes extremeños más de 1,5 millones de euros en compensación por cortes de luz y en aplicación de la normativa estatal y autonómica en esta materia. La mayor parte, 1.479.000, correspondían a la aplicación de la norma autonómica y los restantes 81.800 euros eran beneficios para los usuarios derivados de un decreto nacional de 2000.
El recurso de inconstitucionalidad que planteó el Gobierno central se basaba en tres cuestiones. Una, la obligatoriedad de las eléctricas de establecer una reducción de la facturación a abonar por el consumidor como consecuencia del incumplimiento en la calidad del suministro. La ley extremeña recogía que las variaciones de tensión o las interrupciones de suministro continuadas y superiores a una hora darían lugar a reducciones de un 20% susceptibles de elevación en dos puntos porcentuales por cada hora o fracción adicional. Aznar lo recurrió al entender que era contrario a la normativa básica del Estado.
Menos dinero que pagar
El Constitucional reconoce que es legal la disposición de Extremadura. Lo justifica en que «está regulando un supuesto no previsto en la normativa estatal al que asocia, asimismo, la consecuencia de reducción en la facturación, tampoco prevista expresamente por la misma. Por ello no contradice las bases estatales, sino que constituye una norma propia en materia de calidad del suministro eléctrico».
La reducción de la facturación «no hace sino seguir el principio contenido en la propia ley en virtud del cual el suministro de energía ha de prestarse con un determinado nivel de calidad, cuya reducción determina su equivalente en la facturación al consumidor». Esa reducción del 20% en la facturación mensual es compatible con el límite del 10% de descuento anual establecido en la norma estatal.
Otro de los puntos llevados al Constitucional era el de la aplicación de un nivel mínimo de calidad del servicio en toda la región. Que fuera igual en todos los sitios y con independencia de la empresa distribuidora que prestase el servicio, es lo que pretendía la Junta. El TC decreta que el Gobierno autonómico no puede exigir esa calidad mínima en cualquier parte del territorio. Eso, indica, es inconstitucional.

http://www.hoy.es/v/20130213/regional/constitucional-obliga-electricas-compensar-20130213.html

Fuente:

Hoy.es

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