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La Ley de Rehabilitación Urbana, en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas

29/07/2013


El presidente de la coalición empresarial para un Nuevo Modelo de Negocio Energético (N2E), Javier García Breva, analizó ayer en Madrid, en el marco de un acto organizado por la consultora Imedia, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (RRR), una norma que "completa los decretos de certificación, RITE y programas de ayudas a la vivienda del mes de abril y mejora el contenido de dichos decretos en lo que afecta a la certificación energética y los informes de evaluación de edificios".

Eso sí, según García Breva, el "rigor y desarrollo" de esta ley van a depender "en gran medida de las políticas urbanísticas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos". Están en juego 4.000 millones de euros de fondos europeos.
La Ley de Rehabilitación Urbana, en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

El presidente de N2E, Javier García Breva, repasó ayer exhaustivamente la Ley 8/2013, de 26 de junio, una norma que "supone un avance en la consideración del uso racional de la energía como factor de primer orden en la valoración de los edificios existentes". Según García Breva, que es asimismo presidente de la Fundación Renovables, "va a ser muy importante contar, a partir de ahora, con un instrumento normativo que apuesta por facilitar las actuaciones de rehabilitación energética en todo el parque edificado, en la urbanización del espacio público y en los barrios de las ciudades". En ese sentido, el exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explicó ayer que "esta ley de rehabilitación hace posible un nuevo modelo de ciudad donde el uso de la energía se configura como un factor prioritario en el desarrollo urbanístico, al establecer en su artículo tres que uno de los fines de las políticas públicas para el medio urbano será priorizar las energías renovables frente a los combustibles fósiles y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la energía y del ahorro energético".

Millones de viviendas
Eso sí -ha matizado García Breva-, "el rigor y desarrollo de la Ley 8/2013 va a depender en gran medida de las políticas urbanísticas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos", que son las entidades llamadas a "exigir la ejecución de sus recomendaciones y hacerlas obligatorias a todos los edificios aplicando el régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley". El alcance de la norma, recién publicada en el Boletín Oficial del Estado, es, en todo caso, formidable. Según el presidente de N2E, España cuenta en la actualidad con un parque inmobiliario en el que "el 58% de los 25 millones de viviendas fue construido antes de 1980 y seis millones de ellas cuentan con más de 50 años de antigüedad". Estas circunstancias -explica García Breva- "hacen también oportuno plantear la rehabilitación a nivel de barrios con políticas integrales para conseguir su autosuficiencia energética en el marco de los objetivos de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios para crear empleos verdes a través de las energías renovables y el ahorro de energía como elementos de transformación del modelo productivo".

Lo que no incluye la ley
El presidente de N2E echa de menos en la Ley 8/2013, sin embargo, algunos aspectos clave. Existen medidas -explica- que afectan decisivamente a la eficiencia energética de edificios, "como las referidas a auditorías energéticas, reducción cada año del 1,5% de la facturación de energía a los consumidores finales, contadores para el balance neto o acceso a los servicios energéticos que podrían haberse incluido en esta ley y podrían así habernos acercado al marco normativo europeo de eficiencia energética de edificios". Podrían haber sido incluidos en la ley también esos extremos, en fin, pero no lo han sido, según este experto: "se ha perdido la oportunidad de avanzar más rápidamente en los objetivos europeos de 2020 con una ley que no sólo definiera el marco sino también su desarrollo con planes concretos para movilizar las inversiones necesarias, aplicar los principios descritos en su preámbulo y dar eficacia a los programas de ayudas aprobados en abril". La diferencia entre la Ley 8/2013 y las directivas europeas de eficiencia energética -concluye García Breva- sigue siendo "considerable".

Cuatro mil millones de euros
Y ello podría poner en riesgo fondos europeos por valor de hasta 4.000 millones de euros. Lo explica pormenorizadamente Javier García Breva en el documento de análisis "Rehabilitación integral y energía: Ley 8/2013", que acaba de publicar. En su informe sobre Respaldo financiero a la eficiencia energética de edificios de 18 de abril de 2013 -dice el presidente de la Fundación Renovables-, la Comisión Europea describe "las distintas formas para estimular la inversión en eficiencia energética y cumplir el principal objetivo de la Directiva 2012/27/UE, que, en su artículo 4, ordena que los Estados miembros establecerán para abril de 2014 una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la rehabilitación del parque nacional de edificios, tanto públicos como privados". Pues bien, según "Rehabilitación integral y energía...", los instrumentos para conseguir esa movilización de recursos destinados al ahorro de energía en los edificios se desarrollarán a través de tres grandes iniciativas:

1. Un marco regulador definido ya en la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios (DEEE) y en la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética (DEE), directivas que incorporan no solo un catálogo de medidas y planes concretos de eficiencia energética sino también una visión a largo plazo y un compromiso a favor del ahorro de energía en un escenario marcado por la factura creciente e insostenible de las importaciones energéticas. La Comisión va a efectuar un estrecho seguimiento para garantizar el cumplimiento del marco regulador de la UE y su incorporación a las legislaciones nacionales.

2. Mejorar el acceso a la financiación europea en el próximo marco financiero 2014-2020 incrementando los recursos de cohesión destinados a las políticas de reducción de emisiones y reservando en exclusiva el 20% de los fondos Feder a políticas de eficiencia energética y energías renovables. En este sentido, los Estados miembros deberán asegurarse de que los programas operativos regionales del Feder hagan un uso óptimo de la financiación destinada a eficiencia energética y a la movilización de las inversiones necesarias para los planes de rehabilitación del parque de edificios previstos en la DEE. El artículo 20 de la DEE establece la creación de un Fondo nacional de eficiencia energética para respaldar los proyectos de eficiencia energética. La Comisión desarrollará a lo largo de 2013 las directrices de selección y evaluación de proyectos de eficiencia energética.

3. Eliminación de barreras que impiden la implantación de la eficiencia energética de edificios. La DEE ordena a los Estados miembros evaluar y tomar medidas para eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que impiden el acceso a los servicios energéticos y al desarrollo del mercado de las empresas de servicios energéticos a través de los contratos de rendimiento energético y financiación por terceros mediante un marco de certificación energética más vinculante. A través del programa Horizonte 2020 se asignarán 6.100 millones de euros para respaldar las iniciativas destinadas a eliminar las barreras normativas, financieras y de mercado a la innovación energética y la Comisión lanzará una campaña de promoción de los mercados de servicios energéticos a través de la colaboración público-privada centrada en las entidades locales y la iniciativa “Pacto entre alcaldes”.

Según García Breva, aunque España haya votado contra la Directiva de Eficiencia Energética (DEE), está obligada a cumplirla como Estado miembro de la UE. En ese sentido, el autor avisa de que "para el próximo periodo financiero 2014-2020, teniendo en cuenta los porcentajes destinados a innovación energética, los programas de energía inteligente y los programas operativos de las comunidades autónomas, se estima que España puede recibir de los fondos europeos hasta 4.000 millones de euros para eficiencia energética durante los próximos siete años".

Eso sí -insiste el presidente de N2E-, "la cantidad puede ser mayor o menor en función del compromiso y de las capacidades de todas las administraciones públicas para el desarrollo y ejecución de proyectos de ahorro energético". García Breva concluye su análisis así: "que se aproveche esta oportunidad va a depender de la urgente transposición al ordenamiento jurídico nacional del marco de las directivas europeas de eficiencia energética y su desarrollo a través de planes a largo plazo de rehabilitación energética del parque nacional de edificios, planes de edificios de consumo de energía casi nulo y planes específicos para los edificios públicos y de apoyo a las empresas de servicios energéticos".

Fuente:

energías-renovables.com

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